Durante la presentación de la segunda entrega de la Cuenta Pública 2025, el auditor superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios, informó que se identificaron diversas irregularidades y simulación de operaciones en las finanzas del Gobierno de Nuevo León. El funcionario explicó que los patrones de dispersión de dinero público mediante pagos a proveedores presuntamente terminaron en cuentas de familiares de servidores públicos. Entre los casos expuestos figura una entrega de 5,851 millones de pesos de la administración estatal a una constructora, la cual transfirió 5,154. 6 millones de pesos a otra compañía que, posteriormente, envió 385. 3 millones de pesos a un despacho jurídico fundado por un funcionario o familiar de funcionario. En otra operación, el gobierno estatal pagó 964 millones de pesos a una comercializadora, de los cuales 237 millones pasaron a una compañía de alimentos que luego transfirió 202. 9 millones de pesos al mismo despacho. Investigaciones periodísticas previas del periódico Reforma señalaron presuntas transferencias hacia la Firma Jurídica y Fiscal Abogados, fundada por el gobernador Samuel García y su padre, Samuel Orlando García Mascorro. Asimismo, en 2021, el Instituto Nacional Electoral sancionó con 28 millones de pesos la campaña a la gubernatura de García por una triangulación de 14 millones de pesos provenientes de su madre, Bertha Silvia Sepúlveda Andrade, y sus hermanos, Silvia Catalina y Roberto García Sepúlveda, recursos derivados de tres empresas.

¿Quién es Juan Camilo Mouriño Terrazo? Perfil político y trayectoria pública
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