Con 312 votos a favor y 119 en contra, el pleno avaló la propuesta impulsada por el gobierno federal y la remitió al Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor. Los cambios normativos fijan sanciones de uno a cinco años de prisión y multas de 1,000 a 10,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA) —que actualmente equivalen a hasta 1. 17 millones de pesos— a quien utilice, reproduzca, imite o incorpore con fines comerciales la identidad gráfica o documentos oficiales de instituciones públicas de los tres órdenes de gobierno. Los partidos de oposición denominaron a la iniciativa como “Ley Antimemes”, al argumentar que criminaliza la sátira política y restringe la libertad de expresión al castigar a quienes elaboren parodias usando símbolos oficiales. Al respecto, el diputado panista Marcelo Torres señaló que la medida facilitará denuncias contra caricaturistas y ciudadanos que exhiban actos indebidos o compartan documentos de los gobernantes. Por parte del oficialismo, se precisó que la sanción aplicará cuando la imitación o uso de los elementos oficiales busque inducir al error o al engaño para perpetrar un ilícito sobre el origen de una comunicación, documento, plataforma, sistema o servicio institucional. La diputada petista Mary Carmen Bernal afirmó que el objetivo es castigar a defraudadores y a quienes suplanten identidades para delinquir, y no a quienes hagan humor, sátira o memes para cuestionar a servidores públicos. En el Senado de la República existe otra iniciativa señalada con el mismo término, avalada en comisiones, que reforma la Ley Federal del Derecho de Autor. Dicho proyecto fija reglas y multas de hasta 4. 6 millones de pesos sobre la responsabilidad de los proveedores de servicios de internet ante infracciones cometidas en sus plataformas respecto a obras, imágenes, voces y videogramas, eximiéndolos si aplican políticas como suspender a usuarios infractores reincidentes.
Guadalupe Taddei responde a la ASF y anuncia relevos en áreas del INE
La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, dio a conocer cambios en áreas de responsabilidad ejecutiva y administrativa del instituto, tras la investigación de oficio iniciada por la Auditoría Superior de la Federación respecto a diversas contrataciones.

