Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum se edificará un nuevo centro penitenciario en Sinaloa con recursos federales. La obra tiene como propósito fortalecer el control penitenciario y coadyuvar en la reducción de la violencia estatal. Asimismo, el funcionario agradeció a la gobernadora de la entidad, Graciela Domínguez Nava, la disposición para otorgar los terrenos destinados a la obra. El anuncio ocurrió tras suscitarse dos enfrentamientos en menos de 24 horas en el Centro Penitenciario El Castillo, ubicado en Mazatlán, los cuales derivaron en el fallecimiento de doce personas, incluyendo a un menor de edad que realizaba una visita familiar, además de dejar a personas privadas de la libertad heridas. Ante esta situación, el Gobierno federal reforzó la vigilancia en el penal con personal del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social y efectivos de la Guardia Nacional. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa llevó a cabo revisiones internas para constatar las condiciones del recinto carcelario y resguardar a la población penitenciaria. La dependencia estatal detalló que nueve personas internas obtuvieron el alta médica tras presentar mejoría por los sucesos del jueves 8 de octubre, mientras que otras permanecían bajo cuidado médico en hospitales. La autoridad estatal también permitió el ingreso de familiares de los reclusos el sábado y programó la continuidad de las visitas para el domingo 11 de octubre en los horarios fijados. Elementos del Grupo Interinstitucional se mantienen en el centro penitenciario con el fin de resguardar el orden tanto para los internos como para sus visitas, al tiempo que la dependencia pidió a los ciudadanos permanecer atentos a los avisos oficiales.
La ASF inicia investigación de oficio sobre contrataciones y recursos en el INE
La Auditoría Superior de la Federación inició una investigación de oficio sobre contrataciones, presuntos conflictos de interés, colusiones y triangulación de recursos en el Instituto Nacional Electoral, abarcando también a organismos locales, empresas y proveedores.


