Reportajes vinculan a empresa cercana a amigos de hijos de AMLO con huachicol fiscal

De acuerdo con una investigación publicada por el diario Reforma, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) acusó a los propietarios de la empresa Portacelis Gas and Oil del delito de huachicol fiscal. Según la indagatoria, la compañía tramitó 139 pedimentos de importación de combustible en 2025 y los introdujo a México en ferrotanques con información falsa, con lo que habría evadido el pago de impuestos por 834 millones de pesos. Portacelis Gas and Oil fue creada en agosto de 2024 ante un notario de Villahermosa, Tabasco. Hasta diciembre de ese año, su administrador único fue Juan Carlos de la Cruz Murillo, identificado como operador y prestanombres de Jorge Amílcar Olán, amigo cercano de Andrés Manuel López Beltrán, conocido como “Andy”, y de Gonzalo López Beltrán, conocido como “Bobby”. Después, la administración quedó en manos de José Alonso Ulin, empresario contra el que el SAT formuló los cargos por huachicol fiscal. La organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) sostuvo, con base en documentos mercantiles, que ese cambio fue una maniobra para evadir responsabilidades. Además, señaló que De la Cruz Murillo aparece como comisario en Romedic, empresa con la que Amílcar Olán obtuvo contratos para surtir medicamentos al extinto Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi); como accionista de Poyago, ferretera que en 2023 modificó su objeto social para vender medicinas al IMSS; y como titular del órgano de vigilancia de la constructora Inmobiliaria e Infraestructura Portacelis, donde Amílcar Olán posee el 90% de las acciones. Las acusaciones también alcanzan al contralmirante Fernando Farías Laguna, señalado como parte de una red de huachicol fiscal. En la audiencia de imputación, su defensa, encabezada por el abogado Epigmenio Mendieta, afirmó que dos marinos convertidos en testigos colaboradores vincularon con la red de contrabando de combustible a “Andy” y al senador Adán Augusto López Hernández. La Fiscalía General de la República negó que haya una investigación contra Andrés Manuel López Beltrán por ese delito y descartó que cuente con testigos protegidos que lo hayan señalado.