El INE aprueba medidas de control administrativo y solicita auditoría urgente a la ASF

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó una serie de medidas administrativas dirigidas a fortalecer sus controles internos y prevenir irregularidades, tras la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del organismo en medio de señalamientos por presunta corrupción. El proyecto acordado por diez consejerías incluye la creación de una plataforma digital a cargo de la Unidad Técnica de Servicios de Informática, la cual garantizará confidencialidad y protección de datos para que el personal denuncie hechos relacionados con el caso sin temor a represalias laborales. La información recabada en dicha plataforma será canalizada a la Secretaría Ejecutiva y analizada por la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos para determinar posibles acciones legales. A la par, el instituto contempla un Plan de Acción Crítico para 2027 que deberá presentarse antes de concluir noviembre, el cual evaluará la viabilidad de contratar proveedores internacionales y acceder al Sistema Integral de Gestión Registral de la Secretaría de Economía, además de prever la posible rescisión o terminación anticipada de contratos vigentes. Dentro de las determinaciones, el órgano electoral solicitó de manera formal a la Auditoría Superior de la Federación una fiscalización urgente a las adquisiciones, arrendamientos y servicios realizados entre el 3 de noviembre de 2016 y el 3 de noviembre de 2026. Esta revisión contempla indagar concentraciones de adjudicaciones, posibles conflictos de interés, entrega efectiva de bienes, comprobantes fiscales y pagos duplicados. Asimismo, se planteó pedir reportes a la Unidad de Inteligencia Financiera, verificar la situación de contratistas ante el SAT, sumar testigos sociales y habilitar un micrositio para denuncias ciudadanas.