Las manifestaciones y el cese de labores comenzaron tras la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Acuerdo General AG-POAJ-025/2026, emitido por el Órgano de Administración Judicial (OAJ). Dicha normativa establece evaluaciones periódicas para medir conocimientos, competencias, productividad, calidad del trabajo jurisdiccional, plazos, conducta y desempeño laboral del personal de la Carrera Judicial mediante exámenes, cuestionarios, informes técnicos y revisiones institucionales. El OAJ aseguró que la primera evaluación, programada del 4 al 15 de diciembre de 2026, tendrá un carácter únicamente diagnóstico para detectar necesidades de capacitación y áreas de mejora, por lo que rechazó que estos exámenes generen despidos o la pérdida de plazas. Añadió que para ejercicios posteriores, tras las capacitaciones, los resultados sí contemplarán medidas como constancias de permanencia, acciones de fortalecimiento o revisiones extraordinarias si no se alcanza el estándar. Por su parte, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) advirtió que el mecanismo pone en riesgo la estabilidad laboral y busca desmantelar la carrera judicial mediante criterios discrecionales hacia secretarios, actuarios y oficiales judiciales, señalando que el formato de diagnóstico podría usarse a futuro para justificar separaciones de cargos. Las movilizaciones se han registrado en diversos puntos del país, incluyendo la Ciudad de México, donde se bloquearon vialidades y se realizaron protestas en sedes como San Lázaro e Insurgentes Sur, además de registrarse paros y manifestaciones en entidades como Baja California, Nuevo León, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Veracruz, Tamaulipas, Chiapas, Guerrero, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Yucatán y Zacatecas.
Recortan 618 millones de pesos al INE para programa vinculado al PT
Al Instituto Nacional Electoral se le aplicó un recorte de 618 millones de pesos para canalizarlos a un programa identificado con el PT, acumulando reducciones presupuestales superiores a 6 mil millones de pesos.
