Martha Aracely Cruz Jiménez

Martha Aracely Cruz Jiménez nació el 21 de noviembre de 1981 en el estado de Oaxaca, con raíces familiares y comunitarias en el municipio de Santiago Zacatepec, dentro del territorio del pueblo originario mixe (*ayöök*). Su desarrollo académico inicial se orientó hacia las ciencias del campo al ingresar a la Universidad Autónoma Chapingo, de donde egresó con la licenciatura en Ingeniería Agrónoma con especialidad en Economía Agrícola, obteniendo su cédula profesional en 2008. Posteriormente fortaleció su preparación teórica en el exterior al cursar un Máster en Economía Internacional y Desarrollo en la Universidad Complutense de Madrid. En su labor profesional inicial intervino en estudios técnicos de cambio de uso de suelo y manifestaciones de impacto ambiental.

De manera paralela a sus labores en el rubro agronómico, Cruz Jiménez consolidó una trayectoria en el activismo de base comunitaria en Oaxaca, articulando redes ciudadanas frente a la violencia hacia las mujeres rurales e impulsando la iniciativa civil Sembrando Igualdad. En el plano público local, acompañó denuncias frente a redes digitales de acoso contra mujeres de pueblos originarios y se posicionó en favor de la autonomía organizativa en asambleas indígenas, subrayando la urgencia de romper los esquemas de impunidad estructural en las demarcaciones con sistemas normativos internos.

Su incursión directa en la política electoral federal ocurrió durante los comicios de 2024, cuando fue postulada por el Partido del Trabajo a la diputación por el Distrito 04 con cabecera en Tlacolula de Matamoros, asumiendo una curul en la Cámara de Diputados para la LXVI Legislatura por la vía de la representación proporcional correspondiente a la tercera circunscripción electoral. Al iniciar sus responsabilidades en septiembre de 2024, fue designada secretaria de la Comisión de Salud e integrante en las comisiones de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, y de Cambio Climático y Sostenibilidad.

A lo largo de su ejercicio parlamentario ha presentado iniciativas para reformar el artículo 2.º constitucional, con miras a prohibir el matrimonio forzado de niñas y adolescentes justificadas en usos y costumbres, así como reformas a la Ley de Coordinación Fiscal orientadas a evitar que programas gubernamentales como el FAISPIAM suplanten a las autoridades tradicionales en asamblea. Asimismo, ha llevado a tribuna el uso formal de la lengua mixe y ha mantenido un perfil discursivo frontal contra el acoso institucional en el Congreso y las omisiones en procuración de justicia estatal, consolidando una agenda donde convergen los derechos agrarios, la no discriminación étnica y la rendición de cuentas sobre los recursos destinados a las comunidades marginadas.